La figura del fiscal fue copiada del sistema anglosajón basado en la ley del común, en la que acusador y defensa argumentan en frente de un jurado ante la guía de un juez que hace que se cumplan ciertas reglas de ecuanimidad. En la práctica, el sistema en Estados Unidos ha tendido a identificar los intereses de jueces y fiscales, sobre todo en casos de narcotráfico. El sistema es esencialmente punitivo: hay 4,5 millones de presos, el índice más alto del mundo, siendo la mayoría negros e hispanos, condenados por traficar al detal con drogas.

El sistema colombiano está caracterizado por el formalismo y el autoritarismo de la tradición hispánica donde poco pesan los hechos y las pruebas; se le sobreimpuso la figura del fiscal que da lugar a un conjunto contradictorio y confuso. Su mayor logro fue el juzgamiento y la condena de los capos del narcotráfico, pero para el resto la justicia siguió exhibiendo los vicios que han llevado a la impunidad generalizada y a demorar indefinidamente sus decisiones, lo cual constituye la negación de justicia.

Para superar estos problemas se introdujeron los juicios orales que son más eficientes, extendiendo beneficios a los acusados que ofrecieran confesiones para condenar a otros peces más gordos. Se establece así un tráfico de testigos que socava todavía más la imparcialidad de la justicia. Esta es otra copia del sistema norteamericano que recientemente ha sido expuesto por la gran cantidad de condenas injustas que ha proferido con base en confesiones de soplones; éstos son presionados por los fiscales con violencia y amenazas de sentencias exageradas, a cambio de recibir penas mínimas o incluso ser exonerados. Un reciente informe de la revista The Economist revela que cientos de condenas perpetúas y a muerte tuvieron que ser revocadas eventualmente al aportar pruebas objetivas basadas en el ADN o en testigos más confiables.

Es evidente que tal sistema introduce incentivos perversos y es apenas natural que se corrompa: un delincuente puede recibir un trato favorable, con tal de que declare contra un acusado por un fiscal ansioso por probar ante el público que está impartiendo justicia pronta, que termina basada en el falso testimonio.

Una de las virtudes del sistema de justicia del común que no copiamos fue la de desarrollar una jurisprudencia basada en los fallos de las cortes, posibilitando que todos los jueces fallen de manera uniforme y basada en el precedente. Aquí los jueces, y el procurador en especial, pueden irse contra decisiones previas de las cortes Constitucional y Suprema, para condenar personas que no han delinquido bajo criterios de orden superior. Es otra forma depredadora de socavar la unidad de la ley y debilitar su imperio desde adentro.

Ninguno de estos temas son tocados seriamente por la reforma del equilibrio de poderes propuesta por el Gobierno.